Muy atrás quedaron los tiempos en que el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus aplaudidores exigían que el Ejército volviera a los cuarteles. “Gradualmente se retirará el Ejército y la Marina del combate al narcotráfico” aseguró el 21 de marzo de 2011 en un evento realizado en el Auditorio Nacional, donde presentó su Proyecto Alternativo de Nación, cuando por segunda ocasión buscaba el poder de la República y Morena se constituyó como partido político.
Un año después, en 2012, el ahora presidente afirmó: “Tenemos que ir sacando al Ejército de las calles porque no está preparado para esta función, su encargo es defender la soberanía nacional. No debe seguirse exponiendo al Ejército, es una institución que todos debemos cuidar, no socavar”. En febrero de 2013, afirmó: “es perverso que los potentados utilicen al Ejército para enfrentar el problema de la inseguridad que ellos crearon por dedicarse a saquear al país”.
En 2016 llamó a “no continuar con la política coercitiva, no se resuelve nada con el uso del Ejército, Marina, policías, cárceles, amenazas de mano dura, con leyes más severas, dado que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia”. En 2017 planteó sumar al Ejército y Marina a las tareas de seguridad pública, y comenzó a hablar de la creación de una Guardia Nacional con 220,000 soldados y 30,000 marinos.
Ya como presidente, en 2018 AMLO presentó su Plan de Paz y Seguridad, llamando a continuar con la “encomienda actual en materia de seguridad pública” de las Fuerzas Armadas y que estas participaran en la integración de la Guardia Nacional. En 2020 publicó el acuerdo para que las Fuerzas Armadas durante un periodo de cinco años, participaran en labores de seguridad pública, mientras se consolidaba la Guardia como corporación civil.
Con la creación de la Guardia Nacional y la eliminación de la Policía Federal el gobierno sustituyó a las autoridades civiles, supuestamente para hacer frente a la inseguridad, sin lograrlo, pero convirtiéndose una base leal a la que cada vez se le asignan cada vez más tareas, además de la seguridad pública: el control migratorio, el combate al robo de combustible, el control de puertos y aduanas, la participación en programas sociales como Sembrando Vida, la construcción de obras claves como el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía, construcción de Bancos Bienestar, distribución de vacunas Covid, etcétera.
Pero para justificarse, ante el cochinero y la matazón de hombres, mujeres y niños inocentes, fusilamientos, secuestros, asaltos, cobro de piso, extorsiones, crecimiento del narcotráfico, etcétera, resultado de su política de los pactos y los abrazos, a la pregunta que le hicieron en su mañanera, sobre el motivo de su decisión de no regresar al Ejército a los cuarteles, como siempre, echando la culpa a los gobiernos pasados respondió: “Cambié de opinión, ya viendo el problema que me heredaron“.
Lo cierto es que las fuerzas Armadas no están formadas para tratar con civiles y sí en cambio han sido salpicadas históricamente de generar violaciones a derechos humanos de la población como correctamente lo han expresado los organismos, Amnistía Internacional (AI), Mexicanos Unidos contra la Delincuencia (MUCD) y entre muchos otros, recientemente, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) que calificó como un retroceso la reforma que aprobó el Congreso para que la Secretaría de la Defensa Nacional tenga el mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional.
“Los mecanismos de derechos humanos han señalado claramente que lasFuerzas Armadas sólo deben intervenir en la seguridad pública de forma temporal, en circunstancias excepcionales, como último recurso, y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes”, expuso la Alta Comisionada interina de la ONU-DH, Nada Al-Nashif en un comunicado fechado en Ginebra, Suiza.
El cambio de opinión de la tan discutida y finalmente aprobada reforma para militarizar a la Guardia Nacional no es otra cosa que una cortina de humo para justificar su mal gobierno con horrendas consecuencias no sólo en el aspecto de la seguridad pública de los mexicanos, sino también en materia de empleo, economía, de salud, educación e investigación científica y en corrupción, que se incrementa todos los días.
