Vidulfo Rosales, abogado de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, llegó hasta Palacio Nacional con sus representados. Fueron recibidos por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas y la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez. Se leyó una carta de Andrés Manuel López Obrador y después un informe del secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval. Como los de Ayotzinapa se negaron a recibir el informe, el presidente de la República hizo público el documento que estaba por ser entregado a los padres de los 43 estudiantes, desaparecidos una noche fatídica hace 9 años.
Como sucede cada año, se organizó en la capital del país una marcha cuyo carácter –se entiende- es luctuoso. Por esta misma razón no se entiende la participación del llamado “bloque negro”, mejor conocido como los “anarcos”, quienes pasan por las calles cual plagas de langostas destruyendo o causando daños a las pequeñas tiendas o negocios que no cerraron sus puertas, ante la mirada atónita de los empleados atrapados entre el deber y una realidad líquida que en cualquier momento puede convertirse en algo más peligroso.
He caminado más o menos atrás de ellos, los escucho; no se entienden sus palabras, las expresiones de un profunda rabia, y mucho menos que porten cadenas, barras, martillos y artefactos explosivos. Según el jefe de Gobierno, Martí Batres, más de mil elementos de su gobierno, entre funcionarios, vigías y policías, cuidaron esta marcha histórica, porque este asunto no se resolverá, como ocurre con otras matanzas acontecidas a lo largo de la historia reciente de México.
En el informe oficial se hace remembranza de tres acontecimientos (nada nuevo): La confusión de los grupos delincuenciales Guerreros Unidos con los Rojos, lo que sería una infiltración por parte de algún estudiante. Dos: La intención de dar un escarmiento a los normalistas por parte del presidente municipal de Iguala y la esposa de éste, expresidenta del DIF (lo cual no es creíble). Tres: Presuntamente el trasiego de drogas y armas encontradas en uno de los camiones, según algunos informantes, asunto que Ayotzinapa niega, pero es posible si tomamos en cuenta el carácter beligerante de las Normales, en un estado plagado de pobreza y un harto caótico: Guerrero.
Hay 132 detenidos entre integrantes del crimen organizado, policías, ministerios públicos y 3 militares que fueron acusados por los criminales . Según parece, los militares pecaron por omisión; por haberse presentado en el hospital para inquirir por la salud de los estudiantes y no haber elaborado ni llamadas ni un informe. La documentación solicitada por los padres de los muchachos, -aseguró el Ejecutivo- no está en manos del ejército; se trata de grabaciones que (ya) no existen; sólo aparecieron unas transcripciones proporcionadas por la DEA (¡).
Los padres afectados afirman que no se ha hecho justicia. Desde mayo de 2019 el titular de la Sedena ha venido acudiendo a reuniones con ellos. La justicia no ha llegado en 9 años ni llegará.
El presidente López Obrador se molestó con el abogado de los familiares representados. ¿Vidulfo Rosales se confundió o exageró al decir que cada vez los informes se parecen más a la verdad “oficial” de Murillo Karam? ¿Puede exagerarse aún más en un caso que resulta crudelísimo de narrar? Ni exageró ni se confundió: seguimos en la misma: “fue un crimen de Estado” y hay acontecimientos que el gobierno debe seguir ocultando. La incongruencia es que siendo oposición fue muy fácil para el líder de Morena acusar a los mismos que hoy defiende y niega. Decimos con la ONU: “No se han consolidado los avances en la investigación” ¿En dónde está el fiscal Omar Gómez Trejo, por ejemplo? ¿Por qué no lo traen de EEUU? ¿Cuál fue el conflicto abierto que tuvo contra Hertz Manero? ¿Es un tema prohibido?
En estos días, el mayor desacuerdo se tiene con el presidente porque él desea que se reconozca que son “diferentes”. De Vidulfo dijo: “Respeto su punto de vista pero no lo comparto”. Aseguró también que “no es justo mentir por mentir y acusar al ejército”. Céjele -brincó mi abuelita- ya se ve que ¡no es lo mismo ser borracho que cantinero! La ONU también hace lo suyo y pide que se diga en dónde están depositados la mayoría de los cuerpos, en dónde los enterraron o los fueron a tirar.
En otros tópicos, nos dio muchísimo gusto que apareciera la alcaldesa del PAN de Cotija de la Paz, Yolanda Sánchez Figueroa, en su propio terruño, en Villamar, Michoacán, tras haber sido plagiada en Zapopan, Jalisco.
Ebrard estira más la hebra, en tanto MC se sienta a esperar.
Escribe: Guadalupe Elizalde
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