Siguen los embates a la libertad de expresión
Un tema tan sensible que se ha venido convirtiendo en una pesadilla para quienes se han dedicado a transmitir a través de diversos medios los acontecimientos que suceden de manera cotidiana, tanto a nivel local como nacional e internacional y en dónde se comienza a impedir que esta transmisión de hechos a la ciudadanía se lleve a cabo.
Y es que tanto fuego amigo como enemigo han dado pie a situaciones que ponen entredicho lo que se dice que la libertad de expresión está garantizada en este país y que nadie tiene derecho a coartarla, pero la realidad es que existen hechos que muestran lo contrario, por ejemplo hace unos días se llevó a cabo una “cumbre” de periodistas encabezada por la llamada Compañeros Internacionales de Periodistas y Editores A.C., (CONAPE), donde don Rafael Loret de Mola Vadillo es presidente honorario y quien vivió en carne propia una campaña de censura por parte de un representante del gremio periodistico del estado de Querétaro, dejando una imagen de autocensura y de servir a los intereses de terceras personas. Sin que nadie más tuviera la intención de frenar estos atropellamientos que sufrió de manera pública.
Un episodio lamentable y que deja entrever esa línea muy delgada de la relación que existe entre algunos comunicadores y las llamadas “fuentes de información”.
Mientras esto pasaba en nuestra entidad, en el estado de Puebla, el gobernador Alejandro Armenta promovió la “Ley Censura”, que castiga hasta con 3 años de prisión a quienes promuevan a través de redes sociales un “ciberasedio”, es decir, insulten u ofendan de manera insistente a ciertas personas que en este caso, puede ser utilizado contra reporteros o comunicadores que señalan constantemente las malas acciones del gobernador poblano. Aunque ya está tratando de darle un matiz diferente, después de la desaprobación de la Presidenta Claudia Sheinbaum, comentó que dicha iniciativa será consultada con la población pero sin embargo, esta Ley entró en vigor el pasado martes 17 de junio.
Por otra parte, en el estado de Campeche, la gobernadora Layda Sansores, cansada de ser cada día objeto de criticas por su mal gobierno, decidió con apoyo del poder judicial mandar cerrar un medio de comunicación llamado Tribuna e imponer una sanción económica elevada, y la prohibición de ejercer por dos años esta actividad periodística a su entonces director Jorge Luis González Valdez de 71 años de edad.
Y por si fuera el colmo, otro lamentable caso fue el que ocurrió la mañana del 19 de junio en el municipio de Tequila, Jalisco, donde el camarógrafo Jorge Alberto García quien de manera profesional y bajo el cumplimiento a los protocolos autorizados que marcan las autoridades para ejercer su trabajo, fue detenido por la policía municipal mientras cubría un operativo policiaco consistente en un cateo a un inmueble público que operaba el alcalde de esta demarcación Diego Rivera, quien a través de redes sociales manifestó que en lo personal él nunca dio instrucciones para esta acción y que investigará lo ocurrido, siendo liberado horas después el camarógrafo al recibir respaldo de la población y de la prensa en ese municipio de Jalisco por la forma arbitraria en que fue detenido.
Cada vez vemos que la censura y la autocensura están cerniéndose sobre quienes no solo ven lo positivo sino también lo negativo del quehacer gubernamental y lo exponen de manera objetiva y directa a la población, esperemos que efectivamente como dice la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se garantice de manera real y transparente el derecho de expresión en el país, no sólo de los periodistas sino también de los ciudadanos.
