Buenos días a los y las lector@s de este espacio; como siempre, espero que estén bien y gozando de salud. El tema de este día resultó obligado por la importancia con la que retapiza la vida del país. Ayotzinapa fue un acto deliberado de homicidio grupal orquestado por el estado. Y con todo lo durísimo que resulta admitirlo por parte de las autoridades –pasadas y presentes- y sobre todo en lo que atañe a los familiares, hay un punto de luz en aquella noche oscura del 26/27 de septiembre de 2014. Se rompió la cadena de encubrimientos de un régimen que se enquistó en el poder por más de 70 años. No critico el pasado mexicano, sólo tomo nota de cómo fue y reconozco que la lógica del poder es ganarlo y, lo más difícil, conservarlo.
Los regímenes abiertos y democráticos –no autoritarios- padecen de muchas tensiones por este motivo: ¿Qué dar a conocer a los gobernados para que sigan favoreciendo a X con el voto? ¿Qué mantener oculto, por lo mismo? ¿Qué instituciones cuidar y a quién debe sacrificarse? Y cuando existe una ruptura, como ahora en México, con el pasado compinche y pleno de corruptelas, pues también se puede ventanear, descobijar o desnudar a un grupo que se afianzó en el poder para enriquecerse, costara lo que fuera y cayera quien sea. Sólo hay que recordar que quien se ríe, se lleva. Este régimen Lópezobradorista debe actuar con la misma pulcritud que está exigiendo a toda la clase política de México, so pena de ser “otra vuelta de tuerca” en el mismo agujero.
No hay nada nuevo en decir que fue un “Crimen de Estado” por parte de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, encabezada por Alejandro Encinas. Un crimen colectivo de este calibre sólo el estado, es decir, las autoridades de los 3 niveles de Gobierno, pueden llevarlo a cabo y ocultarlo. Cabe recordar los acontecimientos lamentables de Tlatelolco y del Día de Corpus, en el Casco de Santo Tomás, en la Ciudad de México, cuando un muy fuerte PRI gobernaba y era impensable que alguien rompiera el silencio o diera a conocer pruebas contra los mandos encaramados en la cúspide de la cadena gubernamental. Se creó una Comisión de la Verdad por parte de la izquierda, que no pasó de colgarle un sambenito a Luis Echeverría y exhibirlo como el autor intelectual del “Halconazo”. A Díaz Ordaz, lo juzgó la historia como él pidió.
En ninguno de los temas anteriores se llegó a juzgar a uno solo de los artífices del crimen; es decir, no avanzaron hacia los juzgados ni se levantaron órdenes de aprehensión, como en este proceso. Los Ministerios Públicos –que ya salieron regañados por el propio juez dado su desorden para elevar las acusaciones contra el ex Procurador Murillo Karam-, por primera vez en la historia de México, han contado con los expedientes entregados por más de 12 instancias de gobierno, en los que se aportaron los indicios sustentadores de este caso, que –informaron- lleva más de 20 órdenes de aprehensión giradas por el Ministerio Público federal, aún contra miembros del Ejército Mexicano, otra entidad intocable, depositaria de los secretos más oscuros del régimen de la Revolución, hasta Enrique Peña Nieto.
¿Nos queda alguna duda de que a lo largo de los años México se fue contaminando de sangre y dólares a través de la convivencia y cercanía con los capos del narcotráfico? No. Era y es un secreto a voces que muchos mandos del Ejército y las policías, desde la federal hasta la municipal, eran y son favorecidos por el dinero del crimen organizado. Sabemos que de “dieta” se pasó al “plata o plomo”, y que de este código maldito no se salvó ni un candidato a la presidencia. No se diga las procuradurías, las agencias de inteligencia e investigación; aduaneros, policía fronteriza etc., cuyos directores amasaron inmensas fortunas al amparo de los patrones del tráfico ilegal de cualquier cosa: órganos, mujeres, niños y estupefacientes; o huachicol a poca o altísima escala. ¿A poco hay alguien que todavía crea en la virginidad de Pemex?
Con todo y la detención del hidalguense, va a ser muy difícil que le prueben las acusaciones directas de tortura, asesinato y desaparición forzada. Ya lo oímos: comenzaron a negar que hubo un cónclave donde se tomó la decisión de desaparecer a los 43. A uno de ellos nada más le faltó decir que él ni era jefe de la Policía Federal. Allá sus defensoras/es. Faltan nombres, claro, sin los cuales este cambio hacia la transparencia será un caso político más (votos a cambio de encarcelados). Lo siento por los soldados, a éstos si les van a aplicar todo el peso de la ley. Pero que pasa con los “juidos” como Tomás Zerón de Lucio cuyas torturas quedaron grabadas. ¿Y qué con Humberto Castillejos, el poder tras el trono?
Escribe: Guadalupe Elizalde
Los regímenes abiertos y democráticos –no autoritarios- padecen de muchas tensiones por este motivo: ¿Qué dar a conocer a los gobernados para que sigan favoreciendo a X con el voto? ¿Qué mantener oculto, por lo mismo? ¿Qué instituciones cuidar y a quién debe sacrificarse? Y cuando existe una ruptura, como ahora en México, con el pasado compinche y pleno de corruptelas, pues también se puede ventanear, descobijar o desnudar a un grupo que se afianzó en el poder para enriquecerse, costara lo que fuera y cayera quien sea. Sólo hay que recordar que quien se ríe, se lleva. Este régimen Lópezobradorista debe actuar con la misma pulcritud que está exigiendo a toda la clase política de México, so pena de ser “otra vuelta de tuerca” en el mismo agujero.
No hay nada nuevo en decir que fue un “Crimen de Estado” por parte de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, encabezada por Alejandro Encinas. Un crimen colectivo de este calibre sólo el estado, es decir, las autoridades de los 3 niveles de Gobierno, pueden llevarlo a cabo y ocultarlo. Cabe recordar los acontecimientos lamentables de Tlatelolco y del Día de Corpus, en el Casco de Santo Tomás, en la Ciudad de México, cuando un muy fuerte PRI gobernaba y era impensable que alguien rompiera el silencio o diera a conocer pruebas contra los mandos encaramados en la cúspide de la cadena gubernamental. Se creó una Comisión de la Verdad por parte de la izquierda, que no pasó de colgarle un sambenito a Luis Echeverría y exhibirlo como el autor intelectual del “Halconazo”. A Díaz Ordaz, lo juzgó la historia como él pidió.
En ninguno de los temas anteriores se llegó a juzgar a uno solo de los artífices del crimen; es decir, no avanzaron hacia los juzgados ni se levantaron órdenes de aprehensión, como en este proceso. Los Ministerios Públicos –que ya salieron regañados por el propio juez dado su desorden para elevar las acusaciones contra el ex Procurador Murillo Karam-, por primera vez en la historia de México, han contado con los expedientes entregados por más de 12 instancias de gobierno, en los que se aportaron los indicios sustentadores de este caso, que –informaron- lleva más de 20 órdenes de aprehensión giradas por el Ministerio Público federal, aún contra miembros del Ejército Mexicano, otra entidad intocable, depositaria de los secretos más oscuros del régimen de la Revolución, hasta Enrique Peña Nieto.
¿Nos queda alguna duda de que a lo largo de los años México se fue contaminando de sangre y dólares a través de la convivencia y cercanía con los capos del narcotráfico? No. Era y es un secreto a voces que muchos mandos del Ejército y las policías, desde la federal hasta la municipal, eran y son favorecidos por el dinero del crimen organizado. Sabemos que de “dieta” se pasó al “plata o plomo”, y que de este código maldito no se salvó ni un candidato a la presidencia. No se diga las procuradurías, las agencias de inteligencia e investigación; aduaneros, policía fronteriza etc., cuyos directores amasaron inmensas fortunas al amparo de los patrones del tráfico ilegal de cualquier cosa: órganos, mujeres, niños y estupefacientes; o huachicol a poca o altísima escala. ¿A poco hay alguien que todavía crea en la virginidad de Pemex?
Con todo y la detención del hidalguense, va a ser muy difícil que le prueben las acusaciones directas de tortura, asesinato y desaparición forzada. Ya lo oímos: comenzaron a negar que hubo un cónclave donde se tomó la decisión de desaparecer a los 43. A uno de ellos nada más le faltó decir que él ni era jefe de la Policía Federal. Allá sus defensoras/es. Faltan nombres, claro, sin los cuales este cambio hacia la transparencia será un caso político más (votos a cambio de encarcelados). Lo siento por los soldados, a éstos si les van a aplicar todo el peso de la ley. Pero que pasa con los “juidos” como Tomás Zerón de Lucio cuyas torturas quedaron grabadas. ¿Y qué con Humberto Castillejos, el poder tras el trono?
Escribe: Guadalupe Elizalde
