Buenos días tengan las y los lectores de este espacio, siempre abierto a la discusión de los hechos que forman las noticias día con día. Delante, la sociedad tiene la próxima concentración del día 26 de este mes de febrero, cuyo fin es llegar hasta las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para pedir, acaso, lo imposible hablando de tiempos judiciales. Para entender cómo llegamos a esta confluencia ciudadana pasaré el dedo por los acontecimientos camarales, pues hay un punto que no se entiende muy bien, pues hubo una violación a la Constitución en este proceso.
El primer paso lo dio el presidente de la República, cuando el año pasado envió una iniciativa de ley para modificar la Constitución. Ésta la dirigió a la Cámara de Diputados y pasó a la de Senadores en donde se vetó en un pleno que se negó a pasarla. Para unificar a la oposición en un NO rotundo fue que se organizó la sociedad civil el 13 de noviembre anterior contra la pretendida reforma electoral que, dicho por unos, era la desaparición de facto del INE.
La fuerza ciudadana abarcó oficialmente 39 ciudades de la República Mexicana, en las cuales de manera pacífica salió la ciudadanía a demandar que el “INE no se toca”.
Una vez que falló la primera iniciativa, el gobierno federal se sacó de la manga un “Plan B” que anunciaron como una reforma light sólo sobre leyes secundarias. Se trata de 5 leyes que analizadas, van cortando brazos y piernas del Instituto Nacional Electoral (INE), comenzando por que se trata de retirar (correr) de su puesto al 75% del personal del INE que es precisamente la ciudadanía contratada para buscarlo a usted en su casa, prepararlo para representar a sus vecinos en la casilla, ser presidente de la mesa y contabilizar los votos. Para esto la república está dividida en 300 distritos, que también quieren reducir en un pretendido ahorro de recursos, cuya explicación ya no es creíble. Tampoco (Adán Augusto López dixit) lo es que el padrón electoral esté mejor donde estaba hace 30 años, es decir, bajo el control de la Secretaría de Gobernación. “Yo no vuelvo a
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los tiempos de Manuel Bartlett, ni que me arrastren”, dice mi abuelita. Y yo me asombro porque lo viví de joven, y hoy que ya no lo estoy, sigo siendo contemporánea de ese impresentable y oscuro funcionario, paladín del fraude electoral.
El mentado Plan B llegó a la Cámara baja con el artículo 2 que es una burla y se conoce como “de la vida eterna”. Sólo porque se trata de México no estalla una en carcajadas. ¿De dónde sacaron los partidos la idea de que los votos emitidos en su favor son de ellos? ¡De ninguna manera les pertenecen! Los convalidan, los aprueban, pero no es moneda de cambio; no es a través de ellos que pueden mantener vivos a sus partidos satélites, como han hecho ya dos veces con el PES que muere y resucita. Si el Partido Verde o el PT, satélites de Morena, no alcanzan el 3% de la votación, pues que se vayan y no sigan sangrando al erario. ¿Y ese dinero no les duele en Palacio Nacional? Pues ya los diputados habían mayoriteado la iniciativa y estaba con los senadores que pusieron objeciones y la reenviaron a la Cámara de origen, donde sólo puede discutirse la materia impugnada. Sin embargo, violando la Constitución la mayoría morenista, a instancias presidenciales, quitó en artículo 2, indebidamente. Los senadores declararon la inconstitucionalidad del manoseo, cuando, a juicio de muchos de la oposición se debió dejar pasar tremenda falla para que se publicara con la supresión de “la vida eterna”, en lugar de que quedara volando para poder resucitarla mañana, pues sólo algo reprobado en 1ª instancia no puede ser revivido.
Queda la publicación del Plan B y de inmediato se presentarán ante la Suprema Corte los recursos de queja y de inconstitucionalidad sobre los cuales la presidenta de la misma, Norma Lucía Peña Hernández, y los magistrados decentes tendrán que pronunciarse. Todo antes de 90 días. ¿Lo lograremos?
Escribe: Guadalupe Elizalde
