En la universidad pública —esa que se dice formadora de conciencias, promotora de la verdad y guardiana del honor— hay personajes que entendieron la autonomía no como un principio académico, sino como un escudo para hacer negocio.
El caso de cierto funcionario universitario de la Facultad de Conta, es paradigmático. Llegó como eventual, sin trayectoria comprobable ni perfil técnico para el cargo que hoy ostenta. Sin embargo, en cuestión de meses, y no precisamente por méritos académicos o profesionales, logró escalar a una coordinación estratégica. No fue la excelencia lo que lo impulsó, sino el influyentismo, ese viejo vicio que se reproduce incluso en los espacios que presumen ética y transparencia.
Desde esa posición, el personaje en cuestión habría convertido la función pública en un modelo de negocio personal. Autorizaciones para eventos, particularmente en campus regionales, se transformaron en una oportunidad para el cobro discrecional, extraordinario y —según denuncias recurrentes— “por debajo del agua”. Nada se mueve si no hay cuota. Nada se autoriza si no hay “voluntad”.
Organizadores de eventos, sobre todo externos, relatan un mismo patrón: la autorización queda condicionada. O “se cooperan”, o contratan servicios privados curiosamente vinculados al propio funcionario —seguridad, ambulancias, paramédicos— o simplemente el evento no pasa. La frase coloquial que circula en pasillos y foros es tan reveladora como vergonzosa: “ponerse la del Puebla” se volvió el requisito no escrito para cumplir con la normatividad.
Lo más grave no es solo el presunto cobro ilegal, sino el conflicto de interés descarado. Mientras ocupa un cargo universitario, el mismo personaje brinda atención prehospitalaria y servicios privados en eventos externos, cobrando cuotas sin importar si coincide con su horario laboral. La línea entre lo público y lo privado simplemente desapareció.
Así, espacios universitarios que deberían servir al conocimiento, la cultura y la comunidad se habrían transformado en feudos personales, explotados a conveniencia, sin control efectivo, sin auditoría visible y con un silencio institucional que resulta ensordecedor.
La pregunta es inevitable:
¿Alguien pondrá un alto a estas prácticas?
¿O de qué privilegios goza este impresentable personaje para operar con tanta impunidad?
Porque cuando la universidad tolera conductas que contradicen su propia misión, deja de educar en la verdad y en el honor, y comienza —aunque no lo admita— a normalizar la simulación y el abuso.
Y eso, en cualquier institución pública, tiene un costo mucho más alto que cualquier cuota cobrada bajo la mesa.
Escribe: Lino Serrano
