*Santiago de Querétaro, Qro., 30 de marzo de 2020*. El día de hoy la Diputada Laura Patricia Polo Herrera del Grupo Legislativo de Morena, presentó en Oficialía de Partes una iniciativa que establece nuevas reglas de distribución del financiamiento público destinado a los partidos nacionales y locales, buscando reducir el porcentaje que se distribuye a cada partido, atendiendo a los principios de austeridad republicana.
Para garantizar estas nuevas reglas de financiamiento, la Diputada Morenista propone reformar el artículo 7 de la Constitución local y 39 de la Ley Electoral local, donde quede expresamente establecida la forma en que se otorgara el financiamiento público estatal para los partidos políticos.
Con la presente reforma el financiamiento público estatal a los partidos políticos locales se regulará conforme a lo establecido en el artículo 51 de la Ley General de Partido Políticos y en cuanto a los partidos políticos nacionales el financiamiento de estos se fijará anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral local a la fecha de corte de julio de cada año, *por el veinte por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y no por el 65% como actualmente se calcula, con esta medida el financiamiento se reducirá hasta en 2 terceras partes de lo que les corresponde bajo la ley vigente.*
En su iniciativa también se menciona que el artículo 52 de la Ley General de Partidos Políticos establece que el financiamiento local deberá sujetarse a los parámetros y bases que establezca el Congreso local, de tal forma que expresamente están facultados para regular recursos de naturaleza estatal; más aún cuando la realidad económica es distinta de una entidad federativa a otra, lo que hace necesario ajustar el gasto público de acuerdo a las necesidades particulares y prioritarias de los estados.
La Diputada Polo finalizó su presentación exponiendo que su iniciativa busca revertir el excesivo financiamiento que actualmente se otorga a cada partido, que se deriva de las reformas estructurales del 2014 del pacto por México, las cuales solo aumentaron los beneficios y privilegios de la clase política partidista.