La desigualdad social en nuestro país, parece un problema sin solución a corto y mediano plazo y responde a un cúmulo de problemas; se refleja en condiciones de vida cada vez más difíciles, donde los niveles de vida son en algunos casos insostenibles y arrastra a grupos de población y define historias de vidas laborales y educativas cuyas brechas a vencer son dada día más difíciles de superar. Millones de mexicanos se ven imposibilitados de obtener lo necesario para adquirir una canasta básica. Contraviniéndose con ello lo estipulado en nuestra Carta Magna. Cuando hablamos de desigualdad, todo mundo piensa en lo referente al aspecto económico, que tiene mucho que ver con el ingreso; pero todo esto es el resultado de muchas desigualdades generadas por muchas causas que explican el origen sistémico de muchas otras. Una de esas tantas desigualdades, que además es arrastrada de generación en generación es la nula propiedad de unidades de bienes muebles e inmuebles y recursos, a saber, tierras, recursos naturales, además de recursos financieros. En nuestro país siempre hemos escuchado los discursos vinculados a la acumulación de riquezas por unas cuantas personas y familias, pero a ciencia cierta se desconoce cuál es exactamente la distribución de la riqueza, será que esto podría traer otro tipo de problemáticas. Cada día las diferencias son más palpables y lacerantes y se ha observado en las últimas décadas que las políticas del estado en materia fiscal mediantes las cuales se dieron concesiones de diversa índole para bienes y servicios; se privatizaron empresas, se vendieron bancos, ferrocarriles, etc., beneficiando a personas y grupos de familias cercanas al círculo de poder. Evidencias hay muchas. Hoy vemos por ejemplo que Carlos Slim con Telcel, Germán Larrea y Alberto Bailleres en la minería y Ricardo Salinas Pliego en Tv Azteca, Iusacell y Banco Azteca, etc. han hecho sus fortunas en el sector privado, si, pero a partir de concesiones hechas por el sector público. Este grupo élite se ha posesionado del estado mexicano, sea por falta de regulación razonable, justa y equitativa o bien por un exceso de privilegios fiscales concedidos a la fecha. Es tiempo ya de regular y equilibrar las políticas fiscales de favorecer a los que más tienen. El lado negativo es que el efecto redistributivo es casi nulo. La eterna desigualdad y la cooptación política por parte de los grupos privilegiados tienen consecuencias económicas y sociales graves que resultan, además, excluyentes. De suyo, el mercado interno se veía evidentemente debilitado y ahora con la crisis pandémica del Covid-19, aún más. Ante la actual crisis, nuevamente se acrecienta la escasez de recursos, se disminuye la fuerza y capital humano y se pone en peligro de supervivencia la productividad de medianas y pequeñas empresas. La política social asimismo ha sido un rotundo fracaso: al día de hoy, esa lógica de que el crecimiento se filtra de las capas altas a las bajas simplemente no ocurre en México desde hace décadas. Un caso palpable, a manera de indicativo, es el referente al salario mínimo por lo siguiente: si un mexicano percibe esta cantidad y mantiene a alguien, a ambos se les considera pobres extremos. No obstante el incremento reciente al salario mínimo, este, se encuentra por debajo de los umbrales aceptados de pobreza. El horizonte en los próximos años 2021, 2022 y 2023, al menos, se esperan tiempos de “apretarse una vez más el cinturón”, pues de acuerdo a lo declarado por el Secretario de Hacienda y Crédito Público ya no hay “guardadito” alguno de donde echar mano. Con lo cual se tendrá presente, con miras a incrementarse aún más, la desigualdad, que pareciera a pocos les ha interesado resolver. No vayamos a lamentarlo el día de mañana. Don Jesus Moreno Trejo
