sábado, noviembre 23, 2024

En Querétaro, negocio y politización del agua

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No deja de sorprender cómo en los últimos días, en el estado, desde distintos flancos ha habido mucha actividad en torno al tema del agua potable. Aunque se niega, todo parece indicar que el objetivo es concesionar, es decir, privatizar la extracción y suministro del vital líquido, establecido en la constitución mexicana y universalmente como un derecho humano.

El pasado 11 del presente, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) celebró la Mesa de Análisis “Iniciativas de Ley de Aguas de Querétaro” para analizar la conveniencia de una propuesta similar presentada en Oficialía de Partes del Congreso local, el pasado 30 de marzo, por los grupos parlamentarios, primero, del Partido Acción Nacional (PAN) y Querétaro Independiente (QI), y tan solo unos minutos después por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), turnadas inmediatamente a la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones.
La mesa de análisis contó con la presencia de especialistas y ambientalistas locales y en ella la principal conclusión a la que llegaron es que las iniciativas de Ley de Aguas que discute el Congreso local, no cumplen con las expectativas de las y los queretanos.
Nuevamente el viernes 13 de mayo la legislatura local realizó otro foro organizado ahora por los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano Obras Públicas y Comunicaciones, Germaín Garfias Alcántara, Manuel Pozo Cabrera y Luis Gerardo Ángeles Herrera, al que también se vieron obligados a convocar a ambientalistas y especialistas en la materia.
El objetivo, según se dijo, fue tomar en cuenta a los diferentes sectores de la población para establecer un marco normativo que dé como resultado el otorgamiento de más y mejores servicios de agua de los que actualmente prestan los organismos operadores.
Ciertamente, son atribuciones de los legisladores abrogar, derogar, reformar y adicionar leyes y decretos, etcétera, pero llama la atención tanto interés de estos por tratar el tema de la Ley Estatal de Aguas. Los diputados de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas dicen que no se privatizará el agua, pero, entonces, ¿qué pretenden? ¿por qué nunca se habían preocupado del asunto? ¿Por qué sólo crearles mejores condiciones a los “organismos operadores” como la Comisión Estatal de Aguas (CEA) y no se preocupan por los miles y miles de queretanos que toda su vida han padecido sed y que han sido engañados y manipulados con el tema del agua a pesar de ser un derecho humano?
La falta de agua entubada afecta cada vez más el bienestar de las personas, especialmente de los más pobres. Según el INEGI, en México sólo el 68% de los hogares recibe agua potable diariamente, 25% recibe servicio de agua esporádicamente (desde cada tercer día hasta “de vez en cuando”), y el 7% restante no recibe agua en tubería, siendo en su mayoría pueblos marginados, 22 mil de las cuales son familias queretanas, según datos de la propia CEA.
De acuerdo con información del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), organismo público descentralizado que enfrenta los retos nacionales y regionales sobre el agua y compara tarifas de 30 ciudades de México, Tijuana tiene el servicio de agua más cara del país, seguida de Querétaro, con 28.76 pesos por metro cúbico.
El agua es un derecho que no debe privatizarse, usarse para hacer política ni como mecanismo de sometimiento de quienes tienen el poder político como lo intentan con los campesinos de Cadereyta de Montes, plantados desde hace 54 días ante el inclemente sol, frente al palacio de gobierno, esperando solución.
Desde hace 16 años, a cambio de que la CEA trajera su agua para venderla a la capital y zona metropolitana, se les prometió llevarles agua a sus pueblos. Lo que hace falta no son mejores condiciones para los organismos operadores sino mejores gobernantes y diputados, verdaderos representantes populares, sensibles y comprometidos con los ciudadanos, que contribuyan con la sociedad y que acuerden leyes que sancionen a los servidores públicos que violen los derechos de la población.
Escribe: Jerónimo Gurrola Grave
Dirigente del Movimiento Antorchista en Querétaro

[email protected]
@jgurrolag1

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